RELACION ESTADO - SOCIEDAD - EDUCACIÓN. - Conceptualizaciones acerca de las relaciones Estado- Educación

1.       ESTADO Y EDUCACIÓN: UNA RELACIÓN HISTÓRICA

Las relaciones del Estado con la educación no pueden comprenderse sin al menos un breve análisis de la evolución histórica de las interconexiones entre el poder del Estado y la educación. Durante la Edad Moderna, como en el pasado medieval, se considera a la educación popular como una prerrogativa de las iglesias confesionales, o como mucho, de las autoridades locales. Dada su incidencia en la formación de las clases dirigentes el Estado presenta un mayor interés por la educación superior, aunque ésta, básicamente, sigue respondiendo a la vieja demanda medieval de teólogos y juristas.

1.1.  EL ESTADO LIBERAL Y LA EDUCACIÓN

Las relaciones del poder del Estado con la educación cobran una mayor relevancia en los siglos XIX y XX, a partir de los sucesos de 1789. La aparición de un Estado liberal primero, basado en la división de poderes y en los derechos naturales del hombre, democrático después, consolidado hoy en una democracia liberal en diversos continentes, desencadenaron una honda transformación de las relaciones del Estado con la educación. El Estado liberal configura, en el continente europeo, un artificio político, el Estado, que se opone a lo que considera verdaderamente real, que es la sociedad. El pensamiento liberal predicó un abstencionismo general del Estado, éste no tiene que intervenir directamente, sólo debe garantizar los derechos del ciudadano asegurando el orden, para que las fuerzas sociales y económicas puedan desenvolver libremente todas sus posibilidades. Según estas premisas se podría esperar una intervención mínima del Estado en la educación. Sin embargo no fue así. Posiblemente la paradoja liberal en este campo parte de la nacionalización de los bienes eclesiásticos el 2 de noviembre de 1789. Dos actividades importantes, la atención a los pobres y la educación, financiadas fundamentalmente por la Iglesia católica gracias a las rentas derivadas de los bienes eclesiásticos, quedaron desatendidas, siendo encomendadas dichas funciones, por la decisión soberana de la Asamblea francesa, al Estado. La conversión revolucionaria de la educación en un servicio público, excepción al dogma liberal clásico, no fue una improvisación de los constituyentes franceses sino el resultado de un desarrollo ideológico impulsado por los ilustrados que venían propugnando, desde mitad del siglo XVIII, una educación uniforme y laica bajo la protección del Estado. Ahora bien, es importante señalar las diferencias cualitativas entre Ilustración y Revolución. Para los ilustrados franceses la educación pública es todavía estamental; los conocimientos del pueblo no debían ir más allá de lo que exigían sus ocupaciones. Son los constituyentes los que toman la decisión revolucionaria decretando que la educación debe articularse en un sistema público, abierto a toda la población, atento a las necesidades de la sociedad, organizado y controlado por el Estado. No obstante la Constitución francesa de 1791, si bien consagra la creación de un sistema público de enseñanza, estructura la educación mediante dos grandes tramos de enseñanza, destinados a poblaciones diferentes. Una enseñanza primaria, gratuita, pero de carácter terminal que obstruía el acceso a cualquier otro tipo de educación formal, y otra, dirigida hacia la educación secundaria y superior para las elites procedentes de la burguesía. Se trata de un sistema educativo que se corresponde con la nueva sociedad de clases surgida de la Revolución, un sistema educativo que actúa como instrumento reproductor de estratificación social, de opresión y de desigualdad social. A la fase liberal de la Revolución le sucede otra de carácter jacobino cuyo énfasis se pone en la igualdad. Se defiende que la instrucción es necesaria a todos, que la educación no puede ser atributo de ningún grupo social y que debe ser asumida por el Estado a fin de hacer efectivo el principio de igualdad. Es, por tanto, una concepción de la educación como derecho del ciudadano y como responsabilidad del Estado. El fracaso de los jacobinos llevó consigo el retraso de las propuestas igualitarias que surgen de nuevo en las sociedades europeas en el siglo XIX, con la tendencia a la universalidad de la enseñanza elemental, a la ampliación progresiva de la escolaridad obligatoria, a la gratuidad por medio de la financiación pública y al progresivo enriquecimiento del currículo de la enseñanza básica. Estas conquistas sociales a lo largo del siglo XIX chocaron durante dos siglos con la vieja concepción de que cada individuo nace con un lugar asignado en la sociedad, fijo e inmutable que responde en realidad a una mentalidad aristocrática y estamental muy arraigada que persistió en las filas liberales. La clase dirigente veía con recelo una educación que podía poner en peligro el equilibrio de la estructura social. La creación de los sistemas educativos nacionales se hicieron en todo el mundo con grandes resistencias entre las que ocupa un lugar relevante la de las propias Iglesias. No en vano la Iglesia había sido el principal titular del monopolio de la educación formal y no podía ver con buenos ojos a su principal competidor. En general todas las iglesias más o menos, fueron hostiles a la educación pública y propagaron la doctrina de que el Estado debía abstenerse de intervenir en la educación, encomendando la enseñanza a la iniciativa privada, convirtiéndose por tanto en defensores de la libertad de enseñanza. Muchos historiadores de la educación opinan que el diferente desarrollo de los sistemas públicos de educación es consecuencia de la lucha por el poder de los diferentes grupos sociales y políticos en cada momento, y que la distinta intervención del Estado en la educación, como subraya Andy Gren, explica el diferente grado de desarrollo de los sistemas educativos nacionales. Hay también bastante acuerdo en la consideración de que los sistemas públicos de todos los países occidentales respondían a un triple objetivo: formar la identidad nacional, transmitir los valores de la sociedad liberal e inculcar una disciplina moral a la población.

1.2.   EL ESTADO DE BIENESTAR Y LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO SOCIAL

La aparición del Estado de Bienestar en el siglo XX hizo posible que la tendencia iniciada en 1793 llegara a su culminación consolidándose la educación como un derecho fundamental, es más, como un derecho social, que exige la enérgica intervención del Estado. Marshall pone de relieve la historicidad gradual del concepto de ciudadanía a través de los derechos: derechos civiles (derechos de libertad, de propiedad, etc.) que tuvieron plena vigencia desde la instauración del Estado liberal; derechos políticos (derecho a la participación política mediante el sufragio universal), que llegaría plenamente en el siglo xx y derechos sociales (sanidad, seguridad social y educación), que no se conquistaron hasta la implantación del Estado de bienestar. El Estado de bienestar supuso la extensión de la educación a todas las clases sociales, y, la ruptura de la estructura bipolar de los sistemas educativos, implantándose una educación común para toda la población, por tanto con un currículo común y sin una selección temprana del alumnado. Es el momento de la escuela comprensiva que aparece en los años cincuenta que trata de hacer efectiva una política educativa orientada a expulsar de la escuela la reproducción de las desigualdades sociales y educativas El currículo común, se enfrentó pronto a innegables dificultades y deficiencias que requirieron algunas soluciones, entre ellas la introducción de materias comunes y otras optativas para compaginar los intereses de todos los alumnos con las particularidades individuales.

1.3.  ESTADO, NEOLIBERALISMO Y EDUCACIÓN

 La profunda crisis económica de los años setenta que precipitó la aparición de políticas neoconservadoras y neoliberales -con una plasmación concreta en el Reino Unido y en Estados Unidos en los gobiernos de Thatcher y Reagan-, seguida de la caída del muro de Berlín en 1989 y el desplome del comunismo en la Unión Soviética en 1991, tuvieron consecuencias inmediatas mundiales para la socialdemocracia europea, caracterizada desde su nacimiento por una opción clara a favor de las libertades públicas y del sistema democrático. El Estado de bienestar fue posible en los años cincuenta porque las fuerzas conservadoras aceptaron un pacto para su creación ante la amenaza del comunismo. Desaparecido este, la derecha no ve razones para mantener el pacto político, plantea la llamada «crisis fiscal del Estado» e intenta liquidar el Estado de bienestar. Todos los problemas se imputan al intervencionismo social y económico del Estado. La nueva ideología -el neoliberalismo- aspira ser el «pensamiento único» del mundo occidental, orientado hacia la consecución de un Estado mínimo, al triunfo de la lógica del mercado, a la sustitución de las políticas keynesianas por las monetaristas y a la reducción del gasto público social. Esta nueva ideología pretende hacer sucumbir la idea de que el Estado, y no el mercado, puede ser un instrumento idóneo para asegurar la producción, la distribución y el reparto de bienes y servicios. La educación ha ocupado en el neoliberalismo un lugar importante. Al sistema educativo se ha aplicado también el maniqueísmo que tiende a minusvalorar lo público y a exaltar las bondades de lo privado. El impacto de las políticas neoliberales en educación se centra sobre todo en la pérdida de su carácter público, en la consideración de que la educación es un bien de mercado sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, desapareciendo de la vida pública la concepción de la educación como un derecho social. La corriente privatizadora de la educación ha utilizado importantes razones a su favor tales como, la reducción presupuestaria, la necesidad de estimular y dinamizar las instituciones escolares y la mejora del rendimiento escolar, partiendo de una presunción, no probada, de que la escuela pública no es eficaz ni eficiente. No obstante, los impulsores de la privatización conscientes de la fuerza de logros educativos alcanzados por el sistema público a lo largo de dos siglos, optaron por una doble red de centros de educación, públicos y privados. Los tres instrumentos básicos esgrimidos por los neoliberales para la nueva orientación del sistema educativo son: la calidad de la educación, la libertad de elección de centro docente y la autonomía institucional de las instituciones docentes. La calidad de la educación la identifican con el rendimiento escolar sin tener en cuenta la desigual situación de partida del alumnado. La obsesión neoliberal es la adquisición de conocimientos, olvidando otros elementos, igual o más importantes, que la escuela debe realizar como son la formación general y ciudadana de los alumnos, la orientación escolar, el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, etc. Se opta por una concepción economicista de la educación y se olvida la especificidad pedagógica. Se considera a la escuela como un bien de mercado, una unidad de producción y, por tanto, es evaluada solamente en función de los resultados que produce. El discurso de la libertad de elección de centro docente, se contrapone al importante papel que debe jugar la educación como factor de cohesión y de integración social. Las políticas neoliberales combaten la presunta ineficacia de las escuelas públicas con la idea de un mercado de bienes educativos donde cada familia puede elegir libremente, es una variante del principio de libertad de enseñanza. La autonomía de los centros docentes propuesta con la aspiración de fomentar la capacidad de iniciativa de los centros, desemboca en la competencia entre las escuelas. En virtud de la autonomía institucional el éxito o fracaso corresponde ahora a los centros docentes, desplazando la responsabilidad de los poderes públicos a los propios centros. La autonomía institucional, requiere unos límites y unos medios. ¿Cuál es el margen de autonomía que se propone? ¿Cómo se resuelve la tensión entre la descentralización y autonomía institucional y la unidad del sistema educativo?

1.4.  ESTADO Y EDUCACIÓN HOY

Se puede considerar que el Estado nacional se encuentra hoy en la dicotomía de ser por una parte demasiado pequeño para poder afrontar los problemas derivados de la creciente mundialización, y por otra demasiado grande para responder a las demandas locales que justifican el auge del movimiento descentralizador. El fenómeno de interdependencia e intercomunicación mundiales es un proceso irreversible y pluridimensional. La globalización no es sólo un hecho en el campo de la economía, hay también una globalización, laboral, ecológica, cultural y social. La ideología del «pensamiento único» que aspira a través del dominio del mercado modelar la sociedad, olvida aspectos de la globalización realmente preocupantes y que requieren respuestas políticas, como son la libertad de circulación de trabajo, daños ecológicos, diversidad cultural, exclusión social, etc. Las incidencias de la globalización, de la descentralización del Estado nacional, del crecimiento de los nacionalismos y multiculturalismo, etc. plantean serios interrogantes sobre cuál será el papel del Estado en el siglo XXI y qué papel jugará en el complejo mundo del siglo XXI la educación pública. Es posible que el Estado nacional tenga que adoptar una nueva forma y convertirse en otro tipo de Estado que tenga como meta fundamental, hacia el exterior, el logro de la cooperación, y, hacia el interior, la consecución de la cohesión territorial o nacional. Los sistemas educativos públicos bien podrían seguir siendo una palanca, en los Estados que decidan utilizarla, para reducir los riesgos de la creciente desigualdad y exclusión social, para favorecer el sentimiento de identidad colectiva múltiple, fomentar una lealtad plural a diversas comunidades que conviven en un mismo territorio y promover la mezcla positiva de diversas culturas. La escuela pública tiene el deber de hacer frente a las tendencias disgregadoras e inculcar el sentimiento de pertenencia a una democracia deliberativa formando ciudadanos educados en la virtud cívica y preparar a los futuros ciudadanos para la sociedad del conocimiento, facilitando la igualdad de acceso a los bienes de una cultura cualificada.

2.       LAS POLÍTICAS DE MERCADO EN LA EDUCACIÓN

Las políticas de mercado en el ámbito de la educación se han ido introduciendo durante las dos últimas décadas en diversos países con el propósito de resolver los problemas que afrontaban los sistemas educativos e incrementar el rendimiento escolar. Los principales propagandistas del papel que el mercado debe desempeñar como mecanismo regulador de los servicios públicos han sido los conservadores británicos y la derecha estadounidense. Según su mensaje, que caló con rapidez entre los responsables políticos y las clases medias, la causa fundamental del declive educativo radica en la intervención desmedida del Estado en la educación. La creencia de que la fuerza del mercado es la única capaz de solucionar los problemas planteados en los sistemas educativos, se ha aplicado a la educación igual que a otros campos de actuación tradicional del Estado tales como la sanidad, los transportes, etc. con la pretensión de reducir paulatinamente la acción estatal y conseguir un disminución del poder del Estado.

2.1.  LAS PROMESAS DEL MERCADO

 Las promesas y los programas de reformas educativas que proponen las políticas de mercado aplicadas a la educación son básicamente: • La introducción de mecanismos de competencia entre los centros escolares con el fin de desarrollar la capacidad de iniciativa personal y colectiva de los mismos • La libre elección de centro por parte de las familias, para lo cobra una relevancia importancia la información a las familias. • La diversificación y enriquecimiento de la oferta educativa. Los defensores de las políticas de mercado en la educación creen que la competencia entre los centros y la libre elección, junto con la autonomía de los centros y su consecuente diversificación, incidirán beneficiosamente en la productividad educativa y en el rendimiento académico. La promesa del mercado no se limita, según sus defensores, a la mejora de la productividad educativa, sino que promete, incluso el aumento de la igualdad de oportunidades. Argumentan que la libre elección de centro conlleva el abandono del principio tradicional de conexión entre lugar de residencia y centro escolar y permitirá que todos los alumnos, aún los menos favorecidos, puedan romper el círculo de desventaja de las zonas o distritos escolares y elegir el centro escolar que deseen.

2.2. LOS PELIGROS E IMPACTOS DEL MERCADO

 Los argumentos y propuestas de las políticas de mercado en educación son especialmente atractivos para determinados responsables políticos que pretenden resolver los problemas detectados, y evitar de paso las quejas cuando las cosas van mal, con el argumento que es el mercado quien produce su propio orden, sin intervención estatal ni política. Pero lo más preocupante es que el atractivo de las propuestas se ha ido extendiendo durante los últimos años a las clases medias e incluso a algunos sectores social-demócratas. En un contexto de mayor inseguridad social y económica, la educación ha cobrado una importancia capital como medio de protección a dicha incertidumbre generando una demanda de educación superior muy elevada. La educación se ha convertido en un espacio de pugna entre los diversos grupos sociales, con el fin de ocupar una posición privilegiada para conseguir los títulos adecuados, lo que se ha acuñado con los términos «sabiduría de clase» (Lauder y Hughes) y «capital cultural» (Pierre Bourdieu) que los padres transmiten a sus hijos. El apoyo a las políticas de mercado por parte de las clases medias podría responder al intento de procurar una posición de ventaja para sus hijos reforzando los mecanismos de exclusión y debilitando la aplicación del principio de igualdad de oportunidades. Las políticas de mercado representarían el cambio de la competencia meritocracia, basadas en un concepto de ciudadanía y en una cierta confianza en el Estado, por una competencia «parentocracia» entre familias. Los riesgos del mercado abarcarían la exclusión, la polarización en el acceso a los bienes educativos, la ruptura de las concepciones meritocráticas y la aparición de nuevas fórmulas de privilegio educativo que perjudicaría en mayor medida a los más desfavorecidos La búsqueda de la evidencia de los logros y errores de aplicación de políticas de mercado en la educación realizada por numerosos trabajos analíticos permiten conocer el impacto de dichas políticas sin caer en la mera denuncia de sus supuestos peligros.

2.2.1. La jerarquización de las instituciones escolares

 Los estudios realizados han puesto de manifiesto que los efectos derivados de las políticas orientadas a la libre elección de centros y a fomentar la competencia entre las escuelas han conducido a una creciente polarización entre los diversos tipos de centros y un reforzamiento del privilegio educativo de determinadas clases sociales. La libertad de elección de centro no es aprovechada por todas las familias en la misma medida. Los padres de clase media y alta, tienen más facilidad para elegir los centros que prefieren para sus hijos, conocen las claves que permiten orientarse adecuadamente en el nuevo mercado educativo y cuentan con los recursos culturales y materiales para realizar con éxito una elección adecuada. La disponibilidad de tiempo o de recursos para enviar a los hijos a centros distantes constituye asimismo un elemento diferenciador importante a la hora de la elección de centro. La competencia entre centros, produce inevitablemente una jerarquía de las instituciones escolares., Las situadas en los escalones superiores, las más prestigiosas y solicitadas, reciben una demanda de plazas superior a su capacidad real, y, en consecuencia, pueden elegir a sus alumnos y desestimar las solicitudes de los alumnos más conflictivos, o con menos probabilidad de obtener un buen rendimiento académico o procedentes de sectores desaventajados. Hay una probabilidad significativa de que los alumnos de mayor capacidad socioeconómica sean aceptados en esas escuelas. Por el contrario las escuelas situadas en escalones inferiores carecen de prestigio y no llegan a cubrir sus plazas con la demanda que reciben. Mientras que unas escuelas consiguen mantener un alumnado perteneciente en su mayor parte a la clase media y con alto rendimiento académico otras se ven obligadas a atender a un alumnado conflictivo y desfavorecido, que a su vez alejará de sus aulas a quienes puedan aspirar a otro tipo de centro entrando en lo que se ha denominado «espiral de la decadencia» (Lauder y Hughes) que les conduce irremediablemente a la exclusión. El impacto de la libertad de elección en el sistema educativo es muy diferente al anunciado por los defensores de la misma. Los que eligen realmente son un grupo de familias y una cierta categoría de centros.

 2.2.2. Efectos sobre el funcionamiento de las instituciones escolares

La incidencia del mercado y de la competencia se aprecia sobre todo en dos ámbitos: en la dirección de los centros y en el trabajo de los docentes. Los directores son en última instancia los responsables de la supervivencia de la escuela, se ven obligados a satisfacer a sus clientes, a mantener el impulso competitivo, a gestionar eficazmente el presupuesto y los recursos disponibles, en consecuencia se han ido distanciando de la cultura docente tradicional y ha surgido un divorcio creciente entre la dirección y el profesorado. Por otro lado, las políticas de mercado van unidas generalmente a una reducción presupuestaria y a una reducción de plantillas repercutiendo en un trabajo mayor para los docentes. Algunos rasgos que caracterizan el funcionamiento de los centros escolares que se implican en una carrera competitiva son los siguientes: buscan soluciones rápidas la mayoría de las veces superficiales y de corto alcance para los problemas, priorizando una buena imagen externa del centro; evitan los alumnos problemáticos desviándolos hacia otros centros de menor prestigio; practican una diferenciación interna de los alumnos según su rendimiento académico y concentran el trabajo escolar en una gama limitada de actividades descuidando la dimensión social de la educación. Por otra parte la introducción de prácticas de mercado en los centros escolares y la consideración del alumnado como una mercancía favorece el desarrollo de un currículo oculto: priorizar lo que puede aportar a la escuela el alumno en vez de lo que la escuela debe aportar al alumno. Por último señalar que en una escuela competitiva no cabe los planteamientos comprensivos, estos son sustituidos por--un sistema diferenciado y estratificado.

2.2.3. Efectos sobre el rendimiento educativo

 El tercer aspecto que conviene considerar es el referente a los resultados académicos producidos por la aplicación de políticas de mercado. Los estudios realizados, aunque escasos en este aspecto, indican que en conjunto no hay una mejora generalizada del rendimiento educativo, aunque las escuelas de las zonas más favorecidas aumentan ligeramente su rendimiento, mientras que las de zonas más desfavorecidas lo disminuyen. Se puede afirmar que los mercados educativos no aseguran la equidad ni la eficiencia, lo que hacen es facilitar que unos grupos sociales se favorezcan más que otros, y si cabe, se favorezcan a expensas de los otros.

              2.3. CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA  ALTERNATIVA A LA DEL MERCADO

 La primera consideración radica en que las políticas del mercado no forman un bloque monolítico y coherente. Algunos de sus elementos más característicos, la libre elección y la autonomía de los centros, son en cierta manera contemplados en nuestras actuales leyes, pero con un tratamiento regulador, para controlar sus efectos perversos, que es preciso vigilar y en su caso modificar, para evitar consecuencias negativas para la escuela pública. Una segunda consideración es que las políticas educativas exigen ser concebidas, analizadas y aplicadas en función de su contexto concreto. Y una tercera y última es considerar la inutilidad e inconveniencia de adoptar posturas puramente defensivas ante los cambios que se producen.

3.       LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA PÚBLICA

3.1. PROBLEMAS DE CARÁCTER INTERNO Algunos de los problemas más relevantes con los que se enfrenta hoy la escuela pública son de carácter interno, entre los que cabe destacar: • El alto número de alumnos necesitados por diversas causas de una atención especial (aprendizaje lento, minorías étnicas, hijos de emigrantes, los llamados objetores escolares) concentrados en la escuela pública origina una cierta "guetización" y produce la huida de alumnado procedente de las clases medias al sector privado. • Un deficiente equipamiento, estancamiento de los gastos de funcionamiento y el recorte o supresión de programas específicos de apoyo. • Una estructura física, gerencial y académica que separa drásticamente a las enseñanzas infantil y primaria de la secundaria y una ausencia de mecanismos de coordinación entre la enseñanza primaria y secundaria. • Un profesorado -sobre todo en la enseñanza secundaria- ampliamente desmotivado, en gran medida en desacuerdo con la reforma de 1990, que considera que ha perdido prestigio social y que encuentra nulo apoyo tanto de la administración pública como de las familias y de la sociedad. Un profesorado en su mayoría sin una profesionalidad basada en la idea de servicio público, con un cierto gremialismo o corporativismo acompañado de una patrimonialización de lo público. • La existencia de un modelo organizativo que permite, en relación con la función directiva, la coexistencia de cuatro modelos antagónicos: el tradicional de índole centralista; el democrático-participativo; el del liderazgo pedagógico; y el del manager o gerente competitivo (Viñao, 1999).

3.2. PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL

 En estrecha relación con la problemática interna, y, en estrecha relación con ella, existen un buen número de problemas externos a los centros públicos que proceden del contexto político y social. Desde la llegada al poder en 1996 del PP se ha desarrollado y aplicado una política neoliberal dirigida a fortalecer y expandir la enseñanza privada en todos los niveles educativos mediante la aplicación de las siguientes medidas: • El descenso o estancamiento de los fondos públicos destinados a la educación y su redistribución a favor de la enseñanza privada. • La extensión de los conciertos a los niveles no obligatorios -educación infantil- y a centros docentes no concertados por razones sociales o ideológicas. • La conversión de hecho de los conciertos en subvenciones no sometidas a exigencia de ninguna índole. • El apoyo o permisividad a muchos centros privados a una selección directa o indirecta de su alumnado. • La ausencia de control sobre la proliferación de las universidades privadas, y su consideración como si fueran públicas a efectos de concesión de becas y ayudas a la investigación, ayudas financieras directas o indirectas, etc. Destaca la anómala creación de las «universidades católicas» mediante la dudosa interpretación de los Acuerdos con el Estado Vaticano de 1979 que les exime de su reconocimiento legal. • La aplicación al sector público de técnicas de gestión propias del sector privado, entre las que cabe destacar, la aplicación de planes de mejora a los centros basadas en decisiones de los equipos directivos, desplazando de este modo a los centros la responsabilidad de aplicar políticas públicas a la mejora de calidad educativa. Entre los problemas procedentes o relacionados con el sector social destacan fundamentalmente dos: • Una especial resonancia o atractivo que el discurso sobre la libre elección de centros encuentra entre aquellas clases o grupos sociales, que han sido los que habitualmente han nutrido las aulas de la escuela pública y buscan una movilidad social ascendente. • La falta de un clima social en el que predominen los valores de una sociedad civil, cívica y laica y una ética o moral ciudadana de lo público. Valores que hicieron posible en determinados momentos -por ejemplo en la II República- llevar a cabo una materialización de la escuela pública laica. La escuela pública queda en cierta medida despojada de su legitimidad social como proyecto basado en unas determinadas ideas v valores históricamente ligados a su génesis - justicia social, laicismo, pluralismo, formación de ciudadanos, igualdad, participación, modernización etc.

3.3. SIGNOS DE IDENTIDAD DE LA ESCUELA PÚBLICA

 Por otra parte, si consideramos los signos de identidad o caracteres de la Escuela Pública: científica, laica, gratuita, democrática y comprensiva (Luis Gómez Llorente 2000), y, los constatamos con los rasgos de las escuelas actuales de titularidad pública, no es de extrañar que más de uno se haya preguntado: ¿ES PÚBLICA LA ESCUELA PÜBLICA? Las características que realmente tienen las escuelas de titularidad pública están a veces muy alejadas de las que deben cumplir la escuela pública: solidaridad, gratuidad, integración, laicismo, cientifismo, comprensividad, participación, tolerancia, inserción en el entorno, etc. La titularidad pública de los centros, no garantiza, por sí sola, el carácter público de los mismos. Existe una clara tendencia neoliberal de considerar pública toda enseñanza en lo que se refiere a su financiación, ya sea mediante conciertos, subvenciones, deducciones fiscales o cheque escolar, y, privada en cuanto a su organización, funcionamiento y gestión. Existe también una tendencia a considerar los centros de titularidad pública como algo residual o subsidiario a mantener allí donde la iniciativa privada no esté presente o sea necesario atender a aquellos alumnos que la iniciativa privada rechace. Según el autor lo que define a una institución educativa como pública, desde un punto de vista ideológico, no es su titularidad, ni su financiación, sino la aceptación de un determinado ideario o ideología, que puede darse desde un centro de titularidad pública, privada o de naturaleza mixta.

 3.3.1. Algunas posibles soluciones a los problemas de la escuela pública

Toda política a favor de la escuela pública debe por tanto, continúa el autor, separar los dos conceptos de escuela pública y escuela de titularidad pública. Cualquier solución o salida al actual predominio social del discurso sobre la libertad de enseñanza como libertad de elección de centro exige, por inconstitucional e inviable, desechar la idea de que desde el poder político es posible llevar a cabo el ideal de la escuela pública. El pasado nos enseña que las reformas educativas llevadas a cabo en el primer bienio de la II República fueron posibles por la existencia previa de una red de asociaciones e instituciones - Casas del Pueblo, escuelas racionalistas, Ateneos, Institución Libre de Enseñanza, etc.- que con anterioridad habían pretendido parte de la ideología que animaba dicha reforma. Y el pasado más reciente nos enseña que cuando, tras la llegada al poder del partido socialista en 1982, se pretendió hacer pública -ideológicamente- la escuela de titularidad pública y la que sin serlo recibía fondos públicos, la carencia de una base social e institucional en la que apoyarse ha conducido al fracaso generalizado de dicho intento tras el cambio político de 1996. Por el contrario sí existían modelos confesionales y segregadores que disponían de una estructura institucional asentada. Una estrategia o política gradual a favor de la Escuela pública exige varios frentes: • El frente ideológico, de análisis crítico de las propuestas neoliberales y neoconfesionales, paradójicamente unidas en España. • La formulación y aplicación de un curriculum -objetivos, contenidos y metodología- que sea la concreción pedagógica de los signos de identidad y del modelo de Escuela pública. • La configuración de una red de sociedades e instituciones docentes y culturales que promuevan el debate teórico y la realización práctica del modelo de Escuela pública. • Un modelo de formación del profesorado que aúne formación y selección. • El abandono de la identificación entre escuela de titularidad pública y Escuela pública. • Un acercamiento de los centros privados concertados, que se muestren ideológica y prácticamente afines al proyecto de Escuela pública, a los de titularidad pública mediante diversas fórmulas (pago directo al profesorado, intervención pública en la selección del personal docente de los mismos, etc.) • La elaboración de un programa político en apoyo a las estrategias «societarias» indicadas, y a otras, como son: la redistribución de los alumnos que precisen una atención educativa especial entre todos los centros que reciben fondos públicos; el establecimientos de medidas favorecedoras para aquellos centros que pese a lo anterior escolaricen un porcentaje importante de dichos alumnos; la denuncia de los acuerdos de 1979 con el Vaticano, etc.

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